Por: MARIO LUNA
Las leyes se hacen para que se apliquen sin burocratismo alguno, pensando siempre en el bienestar y seguridad de la gente, y en caso de transgredirlas, deben de ser castigados conforme a derecho pero de manera inmediata y la autoridad en ningún momento debe de prestarse a la solapación, a proteger al presunto delincuente y perjudicar con ello al ofendido.
Tras señalar lo anterior el vocal de la comisión legislativa de justicia y derechos humanos, Fernando Ornelas Salas, añadió que es necesario e imperante que las autoridades responsables de impartir la justicia, no pongan trabas para que se cumpla la ley, ya que con esa dilación de la justicia, lo único que se provoca es que los delincuentes tengan tiempo de huir y no pagar sus delitos, dejando en la indefensión a los ofendidos y los impartidores de la justicia deben de velar por hacerles justicia a los ofendidos.
Del mismo modo, exhortó a los integrantes de la judicatura, así como a los propios magistrados y al mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, a que sigan realizando supervisiones y visitas sorpresivas a todos y cada uno de los juzgados, ello para constatar que verdaderamente los jueces estén trabajando apegados a derecho y sobre todo para que puedan detectar irregularidades en su desempeño que se califiquen estas en actos de corrupción.
Fernando Ornelas Salas, diputado, priista, dejó claro que en casos donde la ciudadanía denuncie actos de corrupción de los integrantes de un juzgado, en su impartición de justicia, estos deben de ser investigados y de manera momentánea, separar o suspender del cargo al señalado, esto para evitar suspicacias que manchen la honorabilidad y transparencia del Poder Judicial.
La dilación de la justicia, por parte del juzgador, solo refleja corrupción, ya que esta debe de ser expedita y no con tortuguismo.
Es por ello que al cuestionarlo sobre el caso sonado de Paraíso Miramar propiedad del ex gobernador nayarita, Gilberto Flores Muñoz, y que por vías ilegales un sujeto de nombre Carlos Emilio García Monroy, falsificando documentos oficiales en contubernio con un notario público se apoderó de ese inmueble, el cual lo ha venido usufructuando desde los años setentas y que pese a que se denunció ante el juez mixto de San Blas dicho delito patrimonial, apenas hace un año el juez de ese juzgado de nombre Justino Rodríguez, dio largas a esa denuncia hasta que se declaró incompetente y lo pasó al juzgado de Xalisco, en donde su titular una mujer, en escasos dos meses dictaminó que había delito que castigar y por ello le dictó auto de formal prisión a Carlos Emilio García Monroy.
Ante este cuestionamiento, el legislador, dijo que esas son las fallas del sistema judicial, en donde existen por fortuna pocos jueces corruptos, ya que la inmensa mayoría trabajan apegados a derecho y hoy en Nayarit, se cuenta con un Poder Judicial que trabaja apegado a la ley y castigando a sus propios trabajadores que incurran en actos irregulares, por ello, es lamentable esos señalamientos que perjudican al ofendido aún más de lo que un presunto delincuente le ha hecho ya al apoderarse de sus bienes y patrimonio familiar.
En actos de corrupción comprobables cometidos por servidores públicos o por impartidores de la justicia, las sanciones deben de ser más severas, porque están traicionando al pueblo, concluyó diciendo Fernando Órnelas Salas, diputado vocal de la comisión de justicia y derechos humanos.