ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
El asalto cometido el jueves cinco a una sucursal del banco Banorte dejó en claro que es el resultado de fuertes diferencias que libran el Gobierno del Estado y las propias instituciones bancarias en torno a la seguridad de las mismas.
Y es que el gobierno, a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), hace unas semanas decidió retirar a decenas de policías estatales asignados a la seguridad bancaria, ante la negativa de los bancos para pagar ese servicio.
El atraco puso fin a una racha de más de 10 años sin que se cometieran delitos de este tipo, puesto que en el gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza se decidió colocar un policía en cada banco para frenar el alto índice de asaltos que había en aquella época.
Según datos obtenidos, en los últimos meses funcionarios estatales sostuvieron reuniones con representantes de los bancos y se les informó que los policías estatales continuarían ofreciendo seguridad únicamente si el servicio era pagado. Sin embargo los banqueros se negaron.
Así, la PGJ ordenó el retiró de decenas de policías estatales que estaban comisionados a la seguridad de los bancos en todas las sucursales del estado, y por los que no se pagaba un solo peso. La imagen que se volvió común de ver afuera de los bancos a un policía estatal fuertemente armado simplemente terminó, aunque habrá que ver si lo ocurrido la semana pasada modifica esa decisión.
Los bancos se niegan a invertir en seguridad policial puesto que cuentan con seguros ante los atracos, en tanto que al gobierno le preocupa ese tema puesto que cuando ocurre un asalto bancario representa un negrito en el arroz.
El jueves cinco, el Banorte ubicado en la avenida Insurgentes y calle Roble, en la colonia San Juan, fue asaltado por cuatro sujetos que posteriormente fueron detenidos por policías estatales cuando circulaban a bordo de un taxi, por la carretera rumbo a Sinaloa, y a quienes se les recogieron 90 mil 800 pesos producto del atraco.
Los sinaloenses detenidos son: Juan Carlos Sánchez, de 42 años de edad; Francisco Oliva Romero, de 30 años; José Antonio Alvarado Fajardo, de 28; y Jorge Enrique Castro Sarabia, de 39 años.
