ÓSCAR VERDÍN CAMACHO.-

Las “instrucciones” giradas por el gobernador del estado Ney González Sánchez, hace tres años, para que la señora Nidia Josefina Rosado Ávila fuera designada, de “manera provisional”, para estar al frente del Centro de Justicia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit podrían haber significado un acto violatorio del Reglamento Interno que rige esa institución protectora de la familia.

El nombramiento fue expedido por José Partida Zamora, entonces director del DIF estatal, quien escribió el 18 de septiembre del 2006, dirigiéndose a la señora Nidia Josefina:

“Se le notifica que a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, por instrucciones del Lic. Ney González Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Usted estará a cargo, de manera provisional, del: CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT”.

Precisamente en septiembre del 2006, al cumplirse el primer año de gobierno de Ney González, el Centro de Justicia Familiar se convirtió en la nueva dependencia con que se festejó el aniversario.

Sin embargo, tres años después se ha cuestionado si cuando Rosado Ávila quedó al frente de esa institución, incumplía uno de los requisitos que marca el reglamento de la misma.

El artículo 43 precisa:

“El Coordinador General será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado, y deberá ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 30 años de edad, contar con título profesional de licenciatura con experiencia de tres años en ejercicio de su profesión”.

De acuerdo con documentos entregados a este reportero a través de la Unidad de Enlace del DIF estatal, previa solicitud de información, la señora Nidia Josefina Rosado Ávila no cuenta con título profesional de licenciatura. Sí tiene, en cambio, un diploma de la Escuela de Enseñanza Comercial México, en el que se asienta que terminó la carrera de contador privado. Igualmente, fueron entregadas copias de distintas constancias y diplomas que comprueban su asistencia a seminarios y cursos de capacitación, entre otros, varios de ellos celebrados cuando ya era funcionaria del Centro de Justicia Familiar.

La interrogante es si el ex director del DIF o el propio gobernador del estado cometieron una violación al darle un nombramiento a Rosado Ávila a sabiendas de que incumplía uno de los requisitos, en este caso el referente al título profesional.

Sin embargo, el hecho de que en el nombramiento de la titular del Centro de Justicia Familiar se haya establecido que el mismo es “de manera provisional”, es el argumento de quienes consideran que no está obligada a cumplir con el requisito del título profesional.

De cualquier forma cabría insistir que Nidia Josefina Rosado está por cumplir tres años al frente de la institución.

Una situación un tanto similar a la de Rosado Ávila vivieron María Eneida Flores Domínguez, primera subprocuradora General de Justicia durante este gobierno, puesto que su nombramiento se produjo a pesar de que no contaba con la licenciatura en derecho, así como Karen Ocampo Santana, quien también fue nombrada subprocuradora cuando tenía 28 años –no los 30 mínimos fijados por la ley- y apenas estaba tramitando su título profesional.