Lic. Javier Durán.-

Luego de la reforma al código penal y de procedimientos penales que tipifica como delito difundir por medio de Internet correos electrónicos que generen un clima de temor e inseguridad y desestabilice a las instituciones públicas en Nayarit, muchos fueron los comentarios que se vertieron en contra de dicha reforma, que en el estado y a nivel nacional se bautizó como la ley mordaza.

Por supuesto que muchos detractores del gobernador Ney González aprovecharon la pésima redacción de dicha reforma, siendo uno de los primeros el senador de PRD, Francisco Javier Castellón Fonseca. Quien siempre está informado de lo que pasa en el estado y por supuesto emite opiniones que contradicen lo proclamado por el aparato gubernamental.

El senador Nayarita lo mínimo que manifestó es que esta reforma era una violación flagrante a la constitución y por supuesto comprobó que estaba en lo correcto.

Luego de estas declaraciones, algunos directores de varios medios de comunicación se reunieron para armar una cruzada contra la ya en ese entonces famosa “ley mordaza”.

Hugo Rodríguez Jiménez del periódico Realidades de Nayarit, Marco Antonio Casillas de Avance, Pepe Espinoza del diario Consensos y Alejandro Cisterna del diario Buendía, fueron los pioneros de este movimiento que tuvo mucho eco en el estado de Nayarit.

Estas reformas originadas en el seno de la presente legislatura, fueron violatorias del artículo 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo comentó en el pasado mes de febrero el especialista en derecho, Ernesto Villanueva.

Comenta este especialista que la reforma que hicieron nuestros insignes diputados también violaron las disposiciones del articulo 133 de la constitución, porque tenemos que respetar los acuerdos internacionales que México haya suscrito. Como lo es en este caso, La corte interamericana de derechos humanos, sin olvidar que la Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia salvaguardando estos principios legales inamovibles por la decisión de 30 diputados chapulines que no saben ni la O por lo redondo en materia legislativa.

Este tipo de prohibición solamente lo habían impuesto en sus países China, Cuba y Corea del Norte.

La controversial ley fue como un obsequio de navidad y año nuevo de los legisladores a todos los Nayaritas, ya que se publicó en el periódico oficial del 24 de diciembre del año 2008.

Articulo 207 del Código Penal: “La misma sanción se aplicará a quien por cualquier medio genere, difunda o propague información o datos falsos que produzcan alarma, temor o miedo en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

La restricción de la libertad incluye también una reforma al código de procedimientos penales al adicionarle el artículo 106 bis, que ahora establece: “Toda persona está obligada a proporcionar la información o datos que se le requiera en el desarrollo de una investigación respecto de la posible comisión de delitos. Cuando la información o datos que se requiera provengan o se encuentre en medios electrónicos ésta deberá de proporcionarse de forma inmediata, cuando se presuma que ésta pueda ser modificada o destruida por el transcurso del tiempo”.

El problema persiste en la actualidad, porque aunque el gobernador del estado, licenciado Ney González Sánchez envió una iniciativa al congreso del estado, para que se modificara el texto en el sentido de que la ley mordaza “No seria aplicada a los individuos en el ejercicio de profesional de comunicación”. Iniciativa que duerme el sueño de los justos, por la incapacidad de los legisladores que no la han discutido, mucho menos aprobado en todo lo que va del año 2009.

¿Qué esperan para adicionar estos artículos de la ley mordaza?

Muchas instalaciones del congreso estatal para tan poca capacidad de diputados.

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