ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
Con una salida política, más que jurídica, y el pago de poco más de 840 mil pesos por parte del Gobierno del Estado, finalizó el asunto de Héctor Montes de Oca Ruiz, el ex presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) que en el último año tuvo en jaque a altos funcionarios como la secretaria de la Contraloría General Laura Monroy Berecochea.
Literalmente, el chistecito que costó al gobierno estatal más de 840 mil pesos se debe al arranque de funcionarios públicos que a toda costa planearon el despido de Montes de Oca al inicio de esta administración estatal, y peor aún que en ese baile involucraron a la Secretaría de la Contraloría.
Pero para calmar la amenaza del Primer Tribunal Colegiado de esta ciudad, que exigía el cumplimiento de un amparo a favor del quejoso o bien el asunto podría costar el cargo a los responsables, el Gobierno del Estado optó por cerrar los ojos y permitió que Montes de Oca lo apabullara a su antojo: le dio posesión como presidente del TCA, lo dejó estar en sus oficinas de la colonia San Juan durante un buen rato, donde hasta pidió le tomaran fotografías, y hasta le cumplió su deseo de recibir el pago por salarios caídos en efectivo.
Y ya después, satisfecho, Montes de Oca –quien arribó al cargo durante el gobierno de Antonio Echevarría- presentó su renuncia en un documento que le envió al gobernador Ney González, ni siquiera al pleno del TCA.
Pero resulta que el pleno del Tribunal de Conciliación, órgano máximo de un organismo que se supone goza de autonomía, oficialmente ni cuenta se dio de esa reinstalación.
El enredijo es tremendo: ¿el TCA tuvo dos presidentes a un mismo tiempo, Héctor Montes de Oca y Román González Momita, o éste también renunció, durante una hora, para darle chance al otro, y luego recuperó el cargo?.
