Diputados impulsan reformas para garantizar la seguridad jurídica

*Se Aprueba por Unanimidad Otorgar Competencia a la Sala Constitucional-Electoral para Conocer Concurrentemente Amparos en Materia Penal.

31 / Mayo / 2013

Tepic.- El pleno de los integrantes de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, que preside el Diputado, Armando García Jiménez, aprobó por unanimidad reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit, para dotar de competencia expresa a la Sala Constitucional-Electoral a efecto de que ésta instancia colegiada conozcan carácter de superior jerárquico del juzgador que emita el acto, de los juicios de amparo indirectos en materia penal que se promuevan por violaciones a los derechos y garantías previstas en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución General de la República.

Los razonamientos que motivaron el voto afirmativo de las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, se sustentaron en la disposición prevista en el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que postula el principio de acceso a la justicia, pronta y expedita.

De esta forma el Poder Legislativo le da sentido en esta reforma de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Asimismo y con sustento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene la finalidad de satisfacer el contenido de éstos derechos que tienen su fuente de origen en la propia Constitución Federal y en la citada Convención.
Al establecerse a nivel local la competencia concurrente en materia de amparo indirecto en la rama penal, se salvaguarda uno de los postulados previstos en la Constitución General de la República, como lo es la seguridad jurídica de los gobernados.

Dicha enmienda legislativa, cumple con una más de las líneas de acción en materia de procuración e impartición de justicia previstas en el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.