Por Edmundo Virgen
El Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, del Congreso del Estado, el diputado José Antonio Serrano Guzmán, declaró que en el rechazo a la solicitud de Juicio Político en contra del ex gobernador del estado Ney González, presentada por el diputado Leopoldo Domínguez González, se actuó bajo estrictos principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, así como un principio transversal en todo proceso, es que, aquel que acusa, está obligado a presentar pruebas, externo.
Al respecto, legislador independiente, explicó que el diputado Leopoldo Domínguez González, tuvo todo un año para perfeccionar el proceso y solo incorporó pruebas documentales simples, y este tipo de pruebas en el derecho mexicano y en Nayarit no son determinantes, no son pruebas plenas, pero dejaron correr el tiempo, sabían que este iba ser el resultado, que su solicitud de Juicio Político no iba a proceder, para luego tomar un tambor político para andar de redentores sociales con la idea de promoverse a un cargo de elección popular.
Reitero el diputado, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solo se limitó a acatar la ley, anticipadamente por diferentes medios se les dijo que perfeccionaran el material probatorio, que al menos dijeran en que archivos estaban los originales para ir a cotejarlos, pero no hicieron nada, guardaron silencio un año, después al reunirse la comisión determinaron que no había sustento legal y ellos lo sabían, ya que las acompañaron con copias simples y en el derecho la copia simple no hace prueba, no hay un juez que las acepte.
Agregó, que luego del falló de la comisión que preside, quienes presentaron el Juicio Político, alegan que se actuó contra la democracia del estado y no es así, la comisión no se guía por venganzas, se guía por justicia, no nos guiamos por agravios, sino por la ley, y en este caso hubo demasiadas inconsistencias generadas por conductas deliberadas, apuntó.
José Antonio Serrano Guzmán, puntualizó que el Juicio Político solo tenía el efecto de inhabilitar al ex gobernador para ocupar cargos públicos durante 5 años, para que no jugara en alguna elección, solo eso contempla, no era juicio de procedencia, el juicio de procedencia es el de acción penal como el que se está aplicando en Tabasco y Aguascalientes, ese ahí está, pero esta intacto, no hay demandas, pero todo esto debe estar basado en un proceso de investigación que aporte pruebas muy bien documentadas, de lo contrario no procederán porque el que acusa está obligado a probar, terminó diciendo el diputado.
