- Se construyó una nueva relación entre el gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo y el respeto a las diferencias.

Por Juan Carlos Ceballos .-

Las reformas aprobadas en el año 2001 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda alguna marcaron cambios sustanciales en las políticas del estado al construirse una nueva relación entre éste, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, el diálogo y el respeto a las diferencias.

Así lo dio a conocer la diputada federal del PAN, Felícitas Parra Becerra, en tribuna ante los legisladores federales, añadiendo que en el resto de ese año se estableció en el ordenamiento supremo, que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, “que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Asimismo, comentó la legisladora federal que se señaló  “son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.

De igual forma se reconocieron una serie de derechos a estos pueblos y comunidades indígenas, como son la libre determinación y autonomía para decidir sus propias formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

Pero al mismo tiempo, tuvieron oportunidad de elegir a sus autoridades de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y en general su identidad cultural; para acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y a la jurisdicción del estado; por mencionar algunos.

Estos derechos, dijo, son  reconocidos formalmente en la Constitución Federal y representan un gran avance, “no obstante se ha dicho que esta reforma no satisfizo las expectativas respecto al alcance de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país”.

Parra Becerra explicó también que México es una nación pluriétnica y multicultural, en donde actualmente hay 13.2 millones de indígenas, quienes representan el 12.6 por ciento de la población total. Es por eso que la administración federal ha impulsado diversas acciones encaminadas a transformar el modelo de atención hacia los pueblos y comunidades indígenas, el cual se ha basado en el fortalecimiento de las instituciones.

Manifestó que esfuerzos como el Programa Oportunidades y las acciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo, han ampliado las oportunidades para la educación de niños y jóvenes de las comunidades indígenas de México. La brecha que existía hace no muchos años en las oportunidades de educación se ha cerrado, “pero aún queda mucho por hacer y mucho por consolidar”.

Más adelante comentó que la educación media superior y superior deben estar efectivamente abiertas a los jóvenes indígenas, ofreciendo estudios de calidad y que respeten las bases culturales de las comunidades indígenas de las distintas regiones del país.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reitera su compromiso por seguir fortaleciendo las oportunidades educativas para los pueblos indígenas, mejorando las instalaciones educativas, reforzando las Universidades Interculturales, ampliando los programas de becas y ofreciendo una más amplia y mejor capacitación a los maestros.