ÓSCAR VERDÍN CAMACHO .-
El Juzgado Cuarto Penal notificó a los cuatro acusados de participar en la video grabación de cinco adolescentes que fueron humillados, y cuyas imágenes se divulgaron a través de Internet, la imposibilidad para que recuperen la libertad bajo fianza puesto que se les dictó auto de formal prisión por los siguientes delitos: ultrajes a la moral, incitación a la prostitución, amenazas, privación ilegal de la libertad, y lesiones graves.
A las cinco de la tarde de este lunes tres, Daniel Abraham Rentería Solano, Martín Eduardo Morelia Ramos, Miguel Ángel Alemán Solís y Jonathan Ibarría Gómez conocieron la resolución judicial, en la cual se les decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar por los delitos de usurpación de funciones, lesiones calificadas y corrupción de menores.
Los cuatro expresaron su molestia por el fallo y preguntaron si realmente hay declaraciones en su contra en el expediente 507/2009.
Previamente habían reclamado que dos reporteros estuvieran filmando la diligencia con cámaras de video.
Uno de los detenidos expresó que cuenta con pruebas contundentes para demostrar que no tuvo ninguna participación con los hechos relacionados con el video.
El jueves de la semana pasada, los cuatro citados se negaron a rendir declaración preparatoria ante el juez penal; se decían engañados porque un día antes se les fijó una fianza de dos mil pesos a cada uno por una consignación inicial por el delito de resistencia y desobediencia de particulares, aunque posteriormente quedaron a disposición del mismo juzgado por los otros delitos.
Por cierto, en lo relacionado al delito de resistencia y desobediencia de particulares, el Juzgado Cuarto Penal les dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que confirma lo adelantado aquí en la edición del jueves: en realidad ese delito fue sólo un argumento de la Procuraduría General de Justicia para justificar la detención, para posteriormente armar la consignación por los delitos relacionados con el video.
Los detenidos –tres de ellos albañiles y el otro jinete- fueron advertidos que cuentan con tres días para interponer el recurso de apelación, es decir, para que su caso, si lo desean, lo estudie la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Al finalizar la diligencia los acusados pidieron hablar a solas con la defensora de oficio Lourdes González Nonato.