Tepic.- Con la participación de la nueva Mesa Directiva, encabezada como Presidente por Miguel Fregozo Rivera y como Vicepresidente, Gloria Noemí Ramírez Bucio, este miércoles -en Sesión Pública Ordinaria-, los integrantes de la XXIX Legislatura aprobaron con 28 votos a favor, y una abstención, el dictamen unitario de los proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de los Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, como producto del Taller Legislativo en el que se unificaron criterios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Durante diversos encuentros entre los tres Poderes del Estado, se logró el consenso unánime para efectuar la derogación de los delitos preterintencionales e imposibles, reconocimiento al principio constitucional de inocencia; otorgar certeza jurídica a inimputables; concurso de delitos; adición del tratamiento psicológico como parte de la pena impuesta al sujeto activo del delito de violencia familiar; adición del capítulo denominado Tratamiento de Deshabituación o Desintoxicación como medida de Seguridad; reforma al delito de asalto; derogación de la figura delictiva del rapto; tipificación de las figuras delictivas de desaparición forzada y trata de personas; reformas y adiciones que ya son una realidad en Nayarit.

Es decir, la XXIX Legislatura -de manera conjunta con el Poder Ejecutivo y Judicial-, logró -de manera histórica-, que en Nayarit se brinde mayor protección y certidumbre jurídica a sus ciudadanos.

Uno de los temas fundamentales lo constituye la tipificación penal de los delitos de desaparición forzada y trata de personas, iniciativa presentada por el Gobernador Ney González.

Los delitos de trata de personas y desaparición forzada, sin duda, vulneran múltiples derechos humanos tales como el derecho a la vida, la libertad y seguridad personal, a una defensa, a un trato humano, respeto a la dignidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la identidad, a la vida familiar, a la libertad de opinión, expresión, a los derechos laborales y políticos; estas reformas a los artículos 291 A y 291 E del Código Penal para el estado de Nayarit salvaguardan y generan certidumbre jurídica entre la población, garantizando que no será privada de su libertad personal ni incomunicada, y en caso de que existan violaciones, se contempla ya como un delito especifico que prohíbe y sanciona dicha conducta.

En lo que se refiere al delito de trata de personas, de acuerdo al informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, cada año de 600 mil a 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales en calidad de victimas de trata, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y niñas, y el 50 por ciento del total son menores de edad, por lo que era necesario implementar las medidas legislativas y políticas públicas necesarias para frenar y, en su caso, sancionar esta conducta; en Nayarit, sumándose al interés fundamental del Poder Ejecutivo y de la sociedad, la XXIX Legislatura contribuye a modernizar y aplicar sanciones a nuevas conductas que se están presentando y ofenden y alteran a la sociedad.

Otra de las reformas al Código Penal para el estado de Nayarit, se refiere a que en el caso de violencia familiar, se tipificaba como delito si la violencia era reiterada; ahora si la mujer es objeto de violencia en una sola ocasión se considera como delito grave, mismo que será castigado y al mismo tiempo la mujer recibirá atención y tratamiento.

Así mismo, se elevaron las penas: de 6 meses que era antes, a uno o dos años de prisión por hostigamiento sexual o acoso; igualmente, se aumentan las multas de 100 a 300 salarios mínimos a la persona que comete este delito.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, el diputado Roberto Lomelí Madrigal, comentó que estas reformas y adiciones al Código Penal y Procedimientos Penales, forman parte de un trabajo extraordinario efectuado conjuntamente entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, refiriéndose además a la importante aportación de algunas iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, de los diputados Juan José Castellanos Franco y de la legisladora Gloria Noemí Ramírez Bucio.

En su oportunidad, la diputada Gloria Noemí Ramírez Bucio, mencionó que las reformas protegen a mujeres, niñas y niños; habló sobre el delito del rapto mismo que era un recurso favorable para quienes habiendo cometido los delitos de privación ilegal de la libertad, violación, trata de personas o secuestro, se acogiera a ese delito, para que la pena en prisión fuera más corta, pero ahora la cosa es diferente, explicó Ramírez Bucio.

El diputado José Ángel Castro Mata, enfatizó que con las diversas reformas se logra un avance significativo en el rezago legislativo.

Finalmente, el diputado Juan José Castellanos Franco, señaló ante el Pleno, que la reforma al artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, es un claro ejemplo para brindar mayor protección a la ciudadanía, ya que permitirá obtener una justicia verdadera ante una demanda.

En el desarrollo de esta Sesión Pública Ordinaria, en trámites legislativos se dio segunda lectura del dictamen unitario con proyectos de decreto, que tienen por objeto reformar diversos artículos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a lo que procedió el diputado local Luís Alberto Salinas Cruz.

Y para efectos de dar segunda lectura del dictamen unitario con proyectos de decreto, que tienen por objeto reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en lo relativo a la creación de la Comisión Legislativa de Ciencia, Tecnología e innovación, el diputado y Secretario de la Mesa Directiva, Jesús Castañeda Tejeda, también intervino.

En asuntos generales, el diputado José Ángel Castro Mata, hizo uso de la tribuna para presentar iniciativa de acuerdo para que se cite, por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado, al Secretario de Salud de Nayarit, Omar Reynoso Gallegos, petición que fue remitida a la Comisión Legislativa correspondiente para continuar con su proceso legislativo.