Los banqueros se resisten: ninguna institución ha contratado el servicio de la Policía Estatal, a pesar de que ya se registró un asalto.
ÓSCAR VERDÍN CAMACHO
El desencuentro entre los banqueros y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a propósito del retiro de los policías estatales que daban seguridad a los mismos, estuvo precedida por un jaloneo entre ambas partes en el que ninguna, literalmente, dio su brazo a torcer.
A través de la PGJ, el Gobierno del Estado hizo saber a las instituciones bancarias que suspendería la seguridad especial que se les brindó sin costo alguno, durante más de 10 años, en caso de que no aceptaran realizar el pago correspondiente: una suma de alrededor de ocho mil pesos mensuales por cada policía asignado.
Es decir, al año, cada banco habría pagado poco menos de 100 mil pesos por ese servicio, que sería conocido como “policía estatal empresarial”.
Al interior de la Procuraduría General de Justicia nació la iniciativa de llegar a un acuerdo con los banqueros puesto que todos los días laborables se destinaban decenas de policías estatales para la seguridad exclusiva de los bancos.
Sin embargo, contra lo esperado, todas las instituciones bancarias se negaron a aceptar la propuesta gubernamental, lo que apresuró la orden para que a partir del primero de febrero se dejara de prestar ese servicio de seguridad.
El posterior asalto registrado el cinco de marzo a una sucursal de Banorte ubicada por avenida Insurgentes, salida a Mazatlán, pareció que echaría abajo la decisión gubernamental y que los policías volverían a los bancos, o bien que los representantes de estos últimos finalmente aceptarían el acuerdo económico propuesto.
Sin embargo, hasta el momento ninguna de las partes ha cedido y los policías estatales no han regresado a la vigilancia especial de los bancos.
De cualquier forma se conoce que hay patrullajes especiales en los bancos que están ubicados en avenidas de circulación rápida o bien en provincia, para prevenir más asaltos.
