* La conclusión es obvia: no hay reconocimiento a la trayectoria de jueces que, como dijo uno de ellos, sólo sirven para engordar el caldo en las ternas.

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO


En los primeros meses del año 2001, Adán Meza Barajas obtuvo licencia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de donde era presidente, y escasos tres días después tomó protesta como secretario General de Gobierno. Antonio Echevarría Domínguez gobernaba el estado.

Pese a la gravedad que ello representaba, con la clara intromisión de Echevarría en la autonomía del Poder Judicial, el Congreso del Estado, en el que el PRI, por cierto, no tenía mayoría de legisladores, guardó silencio.

Antonio Cedano Gómez ocupó el cargo de Meza Barajas y tuvieron que pasar varios años para que se anunciara la salida definitiva del TSJ del segundo de ellos, y también la de Cedano. Jorge Armando Gómez Arias ocupó esa vacante como magistrado numerario, reconocido por la Cámara de Diputados.

Durante su paso por la Secretaría General de Gobierno, Meza Barajas debió haber firmado en numerosas ocasiones como encargado del despacho del Poder Ejecutivo –por ejemplo en informes rendidos en juicios de amparo-, siendo al mismo tiempo magistrado con licencia. Es decir, la división de poderes quedó reducida a menos que un cacahuate.

El ejemplo anterior confirma que las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, con honrosas excepciones, simplemente han sido un botín que reparte el gobernador en turno, a sus amigos, a sus aliados, o a sus hijos políticos como ha sucedido más recientemente.

La realidad así lo marca: de los últimos 34 magistrados, sólo cinco han arribado a ese cargo teniendo un trabajo previo inmediato en el Poder Judicial del Estado. Otros laboraron ahí en épocas pasadas, pero la mayoría no.

Para ser magistrado, de nada sirve tener carrera judicial, participar en cursos, tener maestrías. Es falso. Para ser magistrado hay que ser amigo o empleado del gobernador. Hoy vemos magistrados que jamás se pararon por aquí ni como litigantes y jamás en su vida dictaron una sentencia. Ahora vienen a aprender, sintetizó un juez que, junto con otros funcionarios judiciales, indicaron la trayectoria en el Poder Judicial que algunos magistrados tuvieron previo a su designación.

El reclamo tiene fundamento: de los 13 magistrados más recientes -uno elegido en el 2005, dos en septiembre y 10 más en diciembre, ambos casos del 2009-, ninguno tenía un cargo en activo en el Poder Judicial, sólo dos fueron jueces en épocas pasadas y uno más laboró en puestos administrativos.

El nulo reconocimiento a la carrera judicial es evidente.


ÉPOCA DE OCHOA

En septiembre de 1993, con el inicio del gobierno de Rigoberto Ochoa Zaragoza, los abogados que arribaron a las magistraturas fueron: Fidel Montoya de la Torre, Élvia Aldara Zápari Esparza, Rubén Hernández de la Torre, José Luis García Basulto y Élfego Mayorquín Flores.

De los cinco, sólo Zápari tenía carrera como juez y estaba en activo; Rubén Hernández también lo fue pero en años atrás, en tanto que García Basulto fue proyectista, también en años anteriores.

Con la salida de Fidel Montoya de la Torre en septiembre del 2004, la vacante fue ocupada por Fernando González Castañeda, magistrado sin carrera judicial.

A mediados del gobierno de Ochoa, el Pleno del TSJ se amplió a siete magistrados. Llegaron Emilio Arellano Cabezud, que había sido juez tiempo antes, y Alejandro Talavera Tovar, otro juez en activo que, como Elvia Aldara, alcanzó la magistratura con carrera judicial.

La salida de Talavera, poco antes de que concluyera su periodo, fue cubierta por Beatriz Larios Ortega, proveniente también de un juzgado local.


TIEMPOS DE ECHEVARRÍA

Para septiembre de 1999, estrenándose Antonio Echevarría Domínguez como gobernador, los magistrados iniciales fueron: Adán Meza Barajas, Jesús Ramírez García, Javier Germán Rodríguez Jiménez, José Ramón González Pineda, Elizabeth González Momita, Federico Fletes Arjona y Héctor Manuel Altamirano Dueñas.

De los siete, únicamente Elizabeth González venía de un cargo previo dentro del Poder Judicial; González Pineda fue juez en años pasados; Rodríguez Jiménez alcanzó la magistratura también en épocas anteriores, una durante el gobierno de Celso Delgado; y Federico Fletes había sido proyectista.

De los otros tres no se relata trayectoria alguna en el Poder Judicial. Tampoco de Antonio Cedano, mientras que Jorge Armando Gómez Arias había sido magistrado en la última parte del gobierno de Celso Delgado.

En el año 2003, con la salida por conclusión del cargo de Elizabeth González, Federico Fletes y Héctor Manuel Altamirano, fueron elegidos magistrados José Guadalupe Campos Hernández, Lauro Jiménez Borrayo y Laura Elena Fletes Fletes, de los cuales sólo esta última contaba con carrera judicial en activo. Su cargo anterior fue la de proyectista de sala o secretario de estudio y cuenta.

Jiménez Borrayo fue secretario General de Acuerdos del TSJ hace unos 34 años.


MOMENTOS DE NEY

Precisamente Laura Elena Fletes es la última funcionaria del Tribunal Superior de Justicia que arribó a una magistratura desde un cargo directo dentro de esa institución.

En el 2005, reciente la llegada de Ney González Sánchez al Gobierno del Estado, Óscar Saúl Cortés Jáuregui fue designado magistrado. Según las fuentes consultadas, Cortés fue juez hace más de 30 años.

Luego, en septiembre del 2009 el Congreso del Estado designó a los magistrados Jorge Ramón Marmolejo Coronado y Raúl Gutiérrez Agüero, también con evidente respaldo de Ney González. De ambos no se indicaron antecedentes como funcionarios judiciales.

Y de los 10 magistrados más recientes, elegidos el 17 de diciembre pasado, únicamente Román González Momita –hermano de la ex magistrada Elizabeth González- fue juez en la década pasada, y Pedro Antonio Enríquez fue secretario de acuerdos del Consejo de la Judicatura, así como secretario particular de González Pineda cuando éste fue magistrado presidente.

De los otros ocho no se reportan antecedentes como funcionarios del TSJ, mucho menos que previamente laboraran ahí mismo: Thoth Aldrin Lomelí Aguilar, Rafael Pérez Cárdenas, Miguel Madero Estrada, Ana Isabel Velasco García, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, Pedro Álvarez Hormaeche, Ismael González Parra y Manuel Salinas Solís.

En total 34 magistrados, de los cuales sólo cinco fueron elegidos teniendo un trabajo en activo dentro del mismo Poder Judicial del Estado.

Se trata de poco menos del 15 por ciento de las magistraturas para los jueces.

Pero tan sólo en el gobierno de Ney González, el porcentaje se reduce a cero para los jueces. Ninguno ha llegado a magistrado.

La conclusión es obvia: los jueces no tienen cabida en la repartición de las magistraturas. Pero eso si, al menos los ocupan para engordar el caldo, como señaló uno de ellos que fue incluido en una de las ternas enviadas al Congreso por el gobernador, en diciembre pasado.