TEPIC.- En abierto diálogo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia con más de medio centenar de profesionales del derecho, representantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Nayarit coincidieron en señalar que la reciente reforma a la Constitución nayarita, relativa al Poder Judicial, no tiene precedente en la historia de la entidad y ubica a nuestro estado en la vanguardia legislativa.
En céntrico salón de eventos de Tepic y durante casi dos horas y media se presentaron quince ponencias de igual número de abogados, principalmente con propuestas para la elaboración de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tras escuchar las sugerencias, algunas no exentas de crítica, por solicitud del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Armando Gómez Arias, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto hizo uso de la palabra y destacó que el mencionado diálogo es una muestra de que los abogados y los servidores judiciales no somos contraparte y tenemos la preocupación común de que el servicio de impartición de justicia se preste de la mejor manera.
Enríquez Soto indicó que las propuestas de los abogados enriquecerán el trabajo que durante varias semanas realizan magistrados y otros servidores judiciales con el fin de elaborar un proyecto que será sometido a la consideración del Poder Legislativo. En el mismo sentido se pronunció el magistrado Gómez Arias, presidente del pleno, y señaló que la Comisión Legislativa del Tribunal, integrada por ocho magistrados, sistematizará las sugerencias de los profesionales del derecho y estará abierta a recibir nuevas aportaciones.
Al inicio de la reunión, el licenciado José Martín Mayorga Martínez, presidente de la mencionada Federación, indicó que quienes ejercemos la abogacía venimos a contribuir al diseño del nuevo Poder Judicial, siempre con miras a coadyuvar para que la justicia en Nayarit sea pronta, completa, gratuita e imparcial, conforme al artículo 17 de nuestra Constitución.
Tras señalar que no tiene precedentes la reforma a la Constitución nayarita sobre el Poder Judicial, Mayorga Martínez dijo estar consciente de que dicha enmienda tiene como base el principio de buena fe, por lo que un parámetro objetivo para opinar —por ejemplo— si el incremento en el número de magistrados era necesario o no, lo será el grado de abatimiento del rezago para resolver los asuntos de la competencia de las salas Civil y Penal.
El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Nayarit hizo notar que los principios generales establecidos en la Constitución del estado como producto de la reciente reforma por sí solos son insuficientes para darle verdadera vigencia y eficacia práctica, por lo cual deberán venir disposiciones legislativas complementarias que —precisó— no exagero en catalogar como la segunda enmienda al Poder Judicial.
En su oportunidad, Humberto Avena Rivera, de la Asociación de Abogados con Posgrado, dijo: Yo alabo esta reforma, y señaló que el aumento en el número de magistrados ya era necesario en una entidad como la nuestra, con un millón de habitantes, pero dicha reforma no debe quedar a medias, pues se requiere —agregó— aumentar también el número de jueces o, por lo menos, de secretarios de acuerdos.
En el encuentro con los magistrados, los profesionales del derecho también dieron lectura a propuestas para la adecuada integración de abogados al Consejo Consultivo de la Judicatura; la evaluación objetiva del desempeño de jueces y magistrados; una nueva normatividad sobre los procedimientos de responsabilidad de los servidores judiciales; que los actuarios o notificadores no sean parte del personal sindicalizado; la creación del Instituto de la Defensoría Pública, dependiente del Poder Judicial del estado, así como la elaboración de un manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores judiciales; mejorar el funcionamiento de la Escuela Judicial y la Visitaduría, entre otros temas.
Igualmente se propusieron mecanismos para la implementación del sistema de justicia oral y los mecanismos alternos de solución de conflictos, así como la creación de un código de procedimientos constitucionales o de justicia constitucional.
Además de los abogados en mención, hicieron uso de la palabra Martín Preciado Huerta, Olimpia de los Ángeles Hernández Alcántar, Aldo Becerra Cruz, Emeterio Mondragón Bastida, Jorge Octavio García Parra y José Rogelio Gil Parra, así como Yadira Elizabeth López Piña, Jorge Javier Vargas López, Karla Bizarrón Trejo, Lugardo Anselmo Barbosa Guzmán, Leonila Martínez de la Paz, José Guzmán Rentería, Pedro Figueroa Tejeda y Mario Alberto Clemente Martínez
