No basta con enfrentar a narcotraficantes con el Ejército; se requiere –dijo Edgardo Buscaglia- desmantelar la estructura financiera de las organizaciones criminales, y proceder contra los fuertes grupos políticos que les brindan protección: legisladores federales, gobernadores, secretarios de Estado
ÓSCAR VERDÍN CAMACHO .-
Hace unos tres años, cuando se conocieron los primeros casos de personas decapitadas, reciente el inicio de la guerra del Gobierno Federal contra el narcotráfico, el investigador Edgardo Buscaglia señaló, entrevistado por Carmen Aristegui en CNN, que esos acontecimientos eran apenas el principio del terror que se viviría en el país.
Y sí.
Adelantó –según recuerdo- que al gobierno no le alcanzaría con sacar al Ejército de los cuarteles y encabezar la lucha contra el narcotráfico, sino que el presidente Felipe Calderón debió incluir otras acciones vitales, dos cuando menos: desmantelar la estructura financiera que alimenta a las organizaciones criminales y, principalmente, haber alcanzado un pacto político real para enjuiciar a las cúpulas del poder –gobernadores, legisladores federales, secretarios de Estado, entre otros- que brinden protección a los cárteles.
Las palabras del especialista parecen ahora como si hubiera narrado una película ya vista.
Las detenciones de funcionarios públicos presuntamente vinculados al crimen organizado han quedado, hasta ahora, a nivel de policías, mandos de las mismas y algunos presidentes municipales, pero prácticamente no se ha tocado a políticos de mayor peso.
El jueves cuatro y viernes cinco de febrero, nuevamente en el programa de CNN, Aristegui preguntó a Buscaglia si la reciente masacre de adolescentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, representaría verdaderamente el tocar fondo en México y generar un fuerte movimiento social.
Crudo en su análisis, Buscaglia respondió: lo ocurrido en Ciudad Juárez debería ser ese detonante esperado, pero no ocurrirá. Y predijo: el país tocará fondo cuando los masacrados no sólo sean los jóvenes de Ciudad Juárez o de otras partes del país, sino cuando se trate de los hijos de los políticos poderosos, de sus familias, de los grandes millonarios que hasta entonces entenderán que ese cáncer arropado, creado, protegido por ellos mismos, ya los alcanzó.
Siempre poniendo como ejemplo lo sucedido en Colombia en años anteriores, Buscaglia recordó que el país sudamericano llevó a juicio por narcotráfico al 32 por ciento de los legisladores federales. Insistió, por lo tanto, que mientras en México no se toque la estructura política que durante mucho tiempo ha protegido a las organizaciones del crimen organizado, ésta guerra continuará por mucho, muchísimo tiempo más.
Y el terror de sangre seguirá presente.