Por: Óscar Verdín Camacho.- El caso de la empleada doméstica María Elena López Casillas empeoró: y es que no sólo le fue dictado un auto de formal prisión por el delito de robo calificado, a casa habitación, sino que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consignó otra averiguación previa en su contrapor el mismo delitoy en agravio de la misma persona.
La situación de esta mujer de 27 años, madre de tres niños, fue presentada aquí la semana pasada.
El delito, del que está confesa y no se justifica, ni ella lo ha intentado siquiera, deja en claro la desigualdad brutal que existe en la ley, pues mientras a María Elena se le acusa de un delito de robo calificado, sin derecho a fianza, por haber sustraído joyas de la casa donde trabajaba, los funcionarios públicos pueden cometer el delito de enriquecimiento ilícito –incluso con sumas millonarias-, y la ley les permite la libertad bajo caución.
Pero es más: esos desfalcos rara vez son investigados.
UN DOBLE GOLPE
Lo que inició como una nota informativa para plasmar la desigualdad ya citada, el aplastamiento de los jodidos y el encubrimiento de los poderosos, ha presentado algo más.
Y es que el asunto no quedó en el auto de formal prisión, por robo calificado, que dictó el Juzgado Cuarto Penal a María Elena, dentro del número de expediente 204/2010.
Llama la atención que después de esa consignación, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dictó otra contra María Elena, que ya estaba detenida, pero la parte ofendida es la misma que en el primer caso, y por supuesto el mismo domicilio, en el fraccionamiento Jacarandas. Es decir, se consignó dos veces un robo.
Por la segunda consignación fue iniciado el proceso 209/2010 en el Juzgado Segundo Penal. También ahí ya se le dictó formal prisión y sin derecho a fianza. La acusada aceptó la sustracción de las joyas.
¿A PAGAR CUÁNTO?
Un defensor público que conoce la situación de María Elena explicó que se ha presentado otra situación en su contra, puesto que mientras un peritaje oficial anexado al expediente del Juzgado Cuarto establece que el monto de lo robado oscila en 12 mil pesos, la parte denunciante exige el pago de más de 50 mil, antes de ofrecer el perdón legal.
Según explicó, la libertad bajo fianza de María Elena depende precisamente de que la parte ofendida le ofrezca el perdón.
A su vez, un agente del Ministerio Público que pidió el anonimato consideró que no hay un criterio acorde en las consignaciones relacionadas con el robo de servidumbre.
Y es que hay agentes ministeriales que únicamente hacer referencia al robo a domicilio, pero no precisan que se trata de servidumbre, lo que, al tratarse de un delito grave, calificado, impide la libertad bajo fianza de las sirvientas.
Lo que la ley quiere, en ese sentido, es castigar con más fuerza al que violenta tu domicilio, al que rompe la chapa de la puerta, las ventanas. Está muy claro cuando es robo de servidumbre como en este caso, pero hay compañeros que no lo ven así y consignan por robo a domicilio, apuntó.
