Edición del Día
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Pleno del Tribunal Superior de Justicia designa magistrado en sustitución de suspendido
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09 / Febrero / 2019
-Igualmente selecciona instructores del procedimiento de responsabilidad administrativa respecto a dos magistrados
Tepic, Nay., 6 de febrero de 2019.
En su segunda sesión pública extraordinaria del presente año, con base en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nayarit, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designó este miércoles a los integrantes que serán instructores en el procedimiento de responsabilidad administrativa de los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado.
El nombramiento recayó en los magistrados Ana Isabel Velasco García, Miguel Ahumada y Alfredo Becerra Anzaldo por once votos contra uno del magistrado Raúl Gutiérrez Agüero.
En la sesión presidida por el magistrado Ismael González Parra se acordó la habilitación de la secretaria General de Acuerdos del Pleno, maestra Alma Rosa Martínez Rivera, para que funja como secretaria de Acuerdos en el trámite y substanciación de dicho procedimiento.
Igualmente se aprobó la designación del maestro en derecho Guillermo Agustín Romero Ríos como el magistrado supernumerario en sustitución de Jorge Ramón Marmolejo Coronado, respecto a quien en la sesión anterior se acordó una suspensión provisional con motivo del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa relacionado con presuntas irregularidades procesales en perjuicio de numerosos acreditados del Infonavit.
Asimismo, se dio lectura al oficio 5024/2019 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales, relacionado con el juicio de amparo 221/2019, en el que se informa al Tribunal Superior de Justicia que se niega al magistrado Marmolejo Coronado la suspensión provisional de los actos reclamados (su suspensión temporal en el cargo e inicio del respectivo procedimiento administrativo), pues explica el documento de otorgarse se perjudicaría el interés general y el de la sociedad a la que importa el correcto y normal funcionamiento de las instituciones.