La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular los artículos no reservados a las reformas a la Constitución para aplazar la elección judicial a 2028, con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones.

Ciudad de México. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general la reforma constitucional del ejecutivo que posterga de 2027 a 2028 la elección judicial, para evitar que dicho ejercicio se lleve a cabo al mismo tiempo que los comicios ordinarios del año próximo.

El proyecto, que había sido dictaminado en la Comisión de Puntos Constitucionales apenas unas horas antes, fue aprobado con 341 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 124 en contra, de PAN, PRI y MC, a quienes se sumó la petista Martha Aracely Cruz Jiménez.

Luego de una breve primera sesión del periodo extraordinario, en la que sólo se dio publicidad a los dictámenes que se discutirían en el mismo, inició de inmediato una segunda sesión ya con el debate sobre la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la cual se modifican siete artículos de la Carta Magna.
La encargada de fundamentar la propuesta fue Mariana Benítez Tiburcio (Morena), quien argumentó que las grandes transformaciones democráticas no son procesos estáticos, sino que requieren evaluación, revisión, autocrítica y capacidad institucional para corregir aquello que la experiencia práctica nos permite mejorar.
En ese sentido, detalló que entre los principales puntos de la reforma está el cambio de fecha de la elección judicial, para que se realicen el 4 de junio de 2028 a nivel federal y local, lo cual permitirá a las autoridades contar con más tiempo para perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación, organización territorial y diseño de boletas.
Además, dijo, la enmienda permitirá que la consulta de revocación de mandato se pueda hacer de manera concurrente, para optimizar recursos públicos.
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Recordó que el documento plantea fortalecer el funcionamiento de los comités de evaluación de aspirantes, con criterios homogéneos de valuación; reducir el número de candidatos, para que las boletas sean menos complejas y se conozca mejor a los interesados; se incorporan métodos de capacitación permanente de los jueces, y se mejora la organización territorial de las elecciones judiciales.