Por: Óscar Verdín Camacho.- El Juzgado Mixto de Xalisco dictó auto de formal prisión en contra de Andrés Guzmán Cervantes, dirigente sindical de los trabajadores que laboran en la empresa Coca-Cola, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual.

Capturado el martes 24 de agosto mediante una orden de aprehensión dentro del número de expediente 38/2010, al día siguiente, su caso fue dado a conocer por la Procuraduría General de Justicia (PGJ), incluida una fotografía en prisión.

De 52 años de edad, Guzmán Cervantes fue recluido en la penal de Tepic, aunque recuperó la libertad mediante el depósito de una fianza.

Ante la creencia de que podría ser objeto de torturas y otras violaciones en el procedimiento, fue interpuesto un juicio de amparo a través del cual se le concedió una suspensión de plano, contra cualquier acto de incomunicación.

Nativo de Michoacán y avecindado en la colonia Chapultepec, trabajadores de la embotelladora han criticado a Andrés Guzmán por actuar contra ellos, no en su defensa. Su hermano, conocido como Chema Guzmán, ha sido secretario general de la CTM y precisamente él acudió el miércoles 25 para agilizar la defensa legal.

LE OFRECIÓ TRABAJO

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ejercitó acción penal contra Guzmán Cervantes, con base en el relato de una muchacha de 21 años que hace escasos tres meses intentó ingresar a laborar a la Coca-Cola, pero no le fue posible.

Así conoció al líder sindical que le ofreció trabajo en su oficina de la CTM, ubicada por la avenida Juan Escutia. Justificó el acusado –según el dicho de la joven-, que practicaría en tareas de oficina y a la menor oportunidad la respaldaría para su ingreso a la Coca-Cola.

De acuerdo con el relato de la agraviada, cuya identidad se omite, bastaron dos días en la oficina cetemista para que decidiera alejarse de Guzmán Cervantes, puesto que a cada rato le hacía propuestas de carácter sexual. Incluso llegó a temer que utilizara la fuerza para atacarla.

Por ello, la muchacha interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia, que desembocó en una orden de aprehensión por el delito de acoso sexual.