Sin estructura alguna para proteger a agentes del Ministerio Público y jueces penales estatales, e increíblemente sin la adecuación a las leyes locales por parte del Congreso del Estado, desde el mes pasado la Procuraduría General de la República (PGR) y los juzgados de Distrito -o federales-, ya no conocen todos los asuntos relacionados con narcotráfico, con base en una reforma a la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2009.

Aquí, se observa la grave negligencia del Congreso del Estado –más pendiente de asuntos electorales, según parece-, puesto que se dio un plazo de un año a los estados para que adecuaran sus leyes a la citada reforma, conocida como del narcomenudeo.

Sin embargo, lo que en teoría se refiere a que el agente del Ministerio Público del Fuero Común conocerá asuntos no graves, sobre todo considerando cantidades no grandes de drogas, y los consignará a un Juzgado Penal del Tribunal Superior de Justicia, recientemente se produjo un hecho que ya metió miedo.

Y es que la reforma a la Ley General de Salud establece que el Ministerio Público Federal –dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)-, podrá conocer asuntos donde se advierta la existencia de delincuencia organizada, aun cuando el decomiso de droga sea mínimo.

LA ALERTA

Sin embargo, la aplicación de esa reforma ya inició, literalmente, con el pie izquierdo en el estado.

Basta recordar que el 16 de septiembre por la noche, se produjo un fuerte atentado a balazos, con la utilización de poderosas armas, por el bulevar Tepic-Xalisco a la altura del CETIS 100, contra los dos ocupantes de un vehículo. Uno de ellos murió horas después. El otro quedó herido, aunque falleció a los días.

Dentro del carro, se conoció oficialmente, se encontraron decenas de pequeños paquetes con droga.

Sin embargo, a pesar de las evidencias de que en el ataque participó un comando de sujetos fuertemente armado, la PGR no se interesó por llevar a cabo las diligencias y le dejó el asunto a la PGJ, que tomó una papa caliente.

Así, la consignación contra la persona herida –que luego falleció-, la conoció un Juzgado Penal de esta ciudad.

Ese caso ya generó malestar y preocupación entre autoridades locales, tanto de la PGJ como del Poder Judicial del Estado, puesto que temen que la PGR decida no actuar en sucesos de delincuencia organizada, pero justificando que se trata de decomisos menores de alguna droga.

Por ello, el asunto antes citado fue remitido a un Juzgado de Distrito, por incompetencia del Juzgado Penal, lo que seguramente abrirá un debate. La evidente intención es que un Tribunal Colegiado fije con precisión los casos que competen a las autoridades estatales, o bien a las federales, y no únicamente regirse por la cantidad de droga encontrada.

Hace unas semanas, un juez federal asignado a la prisión El Rincón sufrió un atentado en el fraccionamiento Puerta del Sol; murió uno de sus escoltas.

Ese es un punto que alarma más a ministerios públicos y jueces estatales: no hay estructura alguna para darles seguridad. Y peor aún: no tienen ni siquiera una ley ya adecuada para los casos de narcomenudeo.