Suprema Corte podría correr a funcionarios estatales

Remitirán al máximo tribunal del país el expediente del caso Montes de Oca, si no se le restituye y le pagan salarios caídos.

27 / Mayo / 2009

ÓSCAR VERDÍN CAMACHO .-

El Tribunal Colegiado reveló que el amparo de quien fuera presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), Héctor Montes de Oca Ruiz, será enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se analice si procede la destitución y consignación de funcionarios públicos estatales, en caso de que no se cumpla el fallo protector que establece el pago de salarios caídos y la reinstalación del amparista.

El caso Montes de Oca ha involucrado a distintas instancias, e incluso están puestos los ojos en el propio Tribunal Colegiado puesto que hay versiones que apuntan a que pudo extralimitarse en la resolución dictada dentro del juicio de garantías número 327/2008.

Recientemente, fue apuntado en estas páginas, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) sancionó con 200 días de salario mínimo al director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría estatal, Humberto Negrete Moreno, por no haber cumplido a cabalidad con la sentencia de amparo.

Frente a ello, el pasado 20 de mayo el propio Negrete Moreno envió al Tribunal Colegiado un “incidente innominado de imposibilidad jurídica y material para cumplir con la sentencia”, sin embargo el mismo fue rechazado bajo el argumento de que Negrete carece de legitimación para ello dado que la autoridad responsable, dentro del amparo directo, es el Tribunal de Justicia Administrativa.

EN VÍA DE CUMPLIMIENTO

Cuestionado ayer sobre el tema, el magistrado presidente del TJA Jorge Marmolejo Coronado explicó que el caso Montes de Oca sienta precedente puesto que el tribunal administrativo revocó la primera sentencia dictada y ya dictó otra a favor del quejoso.

Pero lo insólito, dice Marmolejo, es que el funcionario de la Secretaría de la Contraloría, contra el cual Montes de Oca presentó la demanda administrativa 282/2006, afirma la imposibilidad para cumplir con los dos aspectos centrales del amparo: la reinstalación y el pago de salarios caídos…y es que no fue la dirección General de Responsabilidades la que cesó a Montes de Oca, sino el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo con el presidente del TJA Jorge Marmolejo, si bien hay una advertencia del Tribunal Colegiado de remitir el asunto a la Suprema Corte, ellos continuarán con los mecanismos legales para acatar la sentencia que, recuerda, ya fue dictada en cumplimiento al citado amparo.

Apunta que el trámite inmediato es requerir a la titular de la Secretaría de la Contraloría, Laura Monroy Berecochea, para que como superior jerárquico de Negrete Moreno lo obligue a acatar la sentencia, apercibiéndola de que en caso contrario se podría dar vista al gobernador del estado.

Marmolejo insiste en que no se está desacatando el mandato federal sino que hay un trámite para  cumplirlo.

¿PIFIAS?

La cierto es que la situación del expediente va ofreciendo detalles de posibles pifias cometidas, incluso por parte del Tribunal Colegiado.

Y es que en el juicio de amparo interpuesto por Montes de Oca, en contra del TJA, mencionó como autoridad responsable al director de Responsabilidades de la Contraloría, que lo había inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 11 años, sin embargo omitió incluir al Pleno del TCA, instancia que lo separó del cargo hace tres años.

Es decir, la inhabilitación se produjo después del despido, por lo que el Tribunal de Conciliación se niega a reinstalar a Montes de Oca toda vez que no fue parte del juicio de amparo, como tercero perjudicado, y por lo tanto no fue oído ni vencido.

Román González Momita, actual presidente del TCA, ha advertido que no hay constancia alguna que demuestre que se les notificó sobre ese juicio, por lo que legalmente el Pleno se opondrá a la reinstalación de Héctor Montes de Oca y echará mano de los mecanismos a su alcance.

Todo ello ha llevado a cuestionamientos respecto a si el Tribunal Colegiado se extralimitó en su resolución, al no advertir que si no fue incluido el Pleno del TCA como autoridad responsable en el referido amparo, no era posible dictar una sentencia que tuviera el alcance de ordenar la reinstalación de Montes de Oca y pagarle salarios caídos.