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Revelan que Borge hizo venta irregular de predio a empresario ligado a González Canto
21 / Diciembre / 2016
El litigio por la posesión de una marina puso al descubierto la venta irregular de un albergue para jóvenes de escasos recursos –ubicado frente a la playa en la zona hotelera de esta ciudad– que hizo el exgobernador Roberto Borge a un grupo empresarial ligado al senador Félix González Canto.
Este entramado, que involucra también al exalcalde de Cancún Paul Carrillo salió a flote cuando un grupo de golpeadores pagados por la sociedad Caveri Servicios Inmobiliarios, de Ricardo Vega, pretendió apoderarse del predio de la marina Chac-Chi, colindante con las exVillas Juveniles del CREA, abandonadas en el sexenio de González Canto y administradas por el Consejo Estatal para la Juventud y el Deporte (Cojudeq).
Ocurrido en agosto pasado, en el ataque el grupo de golpeadores no logró apoderarse de toda la marina propiedad de Gaspar Paredes Cardeña, pero sí de un pedazo del terreno el cual cercaron y dejaron bajo el cuidado de guardias.
Marina Chac-Chi presentó un interdicto por la posesión del predio y lo ganó en primera instancia, pero fue revertido por el magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil de Cancún, Argel Ysidro Quintal, quien llegó al Tribunal Superior de Justicia del estado dentro del llamado Paquete de impunidad, aprobado por la anterior legislatura a iniciativa del exgobernador Roberto Borge.
Durante el juicio, Caveri Servicios Inmobiliarios presentó como prueba a favor dos de las tres escrituras de la adquisición de las exVillas Juveniles al Instituto de Patrimonio del Estado (Ipae), el 2 de abril de 2014.
De hecho, el IPAE es señalado como uno de los principales ejes de la corrupción de la administración de Borge Angulo.
El pasado 15 de noviembre, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer que interpuso las primeras denuncias contra el exmandatario por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Ipae.
Las denuncias fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, contra el exgobernador –quien además presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario– y la exdirectora del organismo, Claudia Romanillos Villanueva