Van contra ex rector Juan López, son testigos ex de finanzas y trabajadores de millones

28 / Febrero / 2017

Por Oscar Verdín Camacho

En la decisión por consignar al ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Juan López Salazar, por delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió dar categoría de testigos, y no de indiciados, a dos trabajadores de la casa de estudios a cuyas cuentas fueron depositadas sumas millonarias, y que luego eran transferidas a otras cuentas bancarias.

La característica de testigo también la tendría la ex secretaria de Finanzas de la UAN Marcela Luna López, además de otros ex funcionarios administrativos que han rendido declaración en el curso de la investigación.

Lo anterior se debería a que, conforme al nuevo sistema de justicia penal –los llamados juicios orales-, se apercibe a los imputados de un delito para guardar silencio por el derecho que tienen a no auto incriminarse. Es decir, desde el momento que la FGE recibió los testimonios, entre otros, de Marcela Luna, así como de los trabajadores José Ernesto Robles Delgado y Miguel Ángel Perales Covarrubias, les debió dar el carácter de testigos en el armado de la carpeta de investigación contra el ex rector López Salazar. Por ello es que sólo él fue consignado.

De acuerdo con la explicación de un litigante de juicios orales, existe un principio de oportunidad que debe asentarse en la carpeta de investigación cuando la autoridad, en este caso la FGE, decide ir por un personaje de mayor relevancia en un delito, pero utilizando como testigos a otros de menor jerarquía pero que conocían o posiblemente también incurrieron en el ilícito.

Según la divulgación oficial, la Fiscalía General estima en 375 millones de pesos el mal uso de recursos de la UAN por parte del ex rector, contra el cual fue librada orden de aprehensión mediante el número de expediente 328/2017.

Aun cuando el daño real sería de alrededor de 12 millones y medio de pesos, puesto que los millonarios depósitos a los trabajadores eran en pago por los préstamos que se hacían a la UAN por acuerdo entre Milton Arturo Romero González -pariente político de ambos- y su compadre Juan López Salazar, la Fiscalía sostendría que el delito por 375 millones existe porque el ex rector los dispuso para fines no debidos; es decir, a pesar de recuperar la mayor parte de los fondos.

Respecto a Romero González, se desconoce si ha emitido declaración sobre los hechos.

De acuerdo con datos recogidos, la única forma en que el ex rector López Salazar podría presentarse al juzgado de oralidad y de manera voluntaria, sería tramitando un juicio de amparo y solicitando quedar, en cuanto a su libertad se refiere, a disposición del respectivo Juzgado de Distrito. Con ello intentaría impedir que el juez oral le fije una medida cautelar de prisión preventiva, que significaría quedar recluido en la penal de Tepic mientras dure el juicio.

Y es que, por el cuantioso monto que se menciona, sería poco probable que se dicte una medida cautelar distinta a la prisión.

Otro dato ventilado extraoficialmente es que la Procuraduría General de la República (PGR) estaría llevando una investigación por separado para establecer si en el caso UAN se cometieron delitos del orden federal, como lavado de dinero. En la indagatoria participaría la Secretaría de Hacienda.

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