Retratan tamaña desproporcion de sueldos en justicia

* Un magistrado ganaría mensualmente por arriba de 100 mil pesos, mientras que un agente del Ministerio Público oscila entre 11 y 13 mil pesos, pero hay defensores públicos con cinco mil.

25 / Mayo / 2017

Por Oscar Verdín

Camacho

Dos notas recientes de este reportero, una relacionada con bajos salarios de defensores públicos asignados al nuevo sistema de justicia penal, y otra a raíz de una audiencia en que participaron magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), generaron reacciones de diversos funcionarios públicos que participan en juicios orales y la conclusión es la misma: si no se le inyectan recursos, esto no mejorará.

En referencia a los defensores públicos que, incluso, se pronunciaban por realizar un paro laboral –lo que colapsaría el sistema puesto que la mayoría de las audiencias son con defensor público-, hubo una inmediata respuesta: se les ofreció una compensación económica que sería a partir de junio, según datos recogidos.

Esto puede resultar como un mejoralito, para que nos quedemos quietos, pero nosotros queremos la recategorización –puesto que la mayoría son sindicalizados-, indicó uno de ellos. Pero hay casos más graves no sólo en Tepic, sino de defensores foráneos que trabajan por contrato mensual de cinco mil pesos.

Ello, aunado a la audiencia donde participaron magistrados por la apelación de un caso de homicidio, disparó los comentarios internos sobre la desproporción de sueldos entre los altos funcionarios frente a quienes cargan con el nuevo sistema de justicia.

Según diversas versiones recogidas, un magistrado ganaría cuando menos 100 mil pesos mensuales, pero además recibiría recursos extras para gastos médicos y gasolina, entre otros.

A su vez, un juez rondaría en poco más de 30 mil pesos.

Por el contrario, un agente del Ministerio Público A gana alrededor de 13 mil pesos mensuales, mientras que el agente ministerial B, 11 mil pesos, y ellos no sólo cargan con la responsabilidad de mantener la prueba en las audiencias, sino que posterior a ellas continúan con la integración de nuevas carpetas de investigación.

Como dato extra, se comentó que en esa audiencia de segunda instancia hubo errores, si bien no de fondo, sí durante algunos aspectos de cómo se desarrolló.

Un agente ministerial recordó que antes del inicio del nuevo sistema de justicia, durante la preparación académica que se les dio, se habló de que necesariamente habría mejores prestaciones, pero ello no ha ocurrido; lo único que ha aumentado es el trabajo.

Así, jueces, agentes ministeriales, defensores públicos, peritos, oficiales secretarios, asesores de víctimas, asistentes de sala, continúan con el mismo salario de hace años, por lo que esperarían que antes de que concluya el gobierno de Roberto Sandoval se les de un incremento, o bien la nueva administración estatal tome nota de ello.

Pero por si faltara poco, hay empleados del Poder Judicial que pareciera que no existen, porque no tienen cuando menos un contrato. Según detallaron algunos de ellos, hacen funciones con figuras como auxiliar judicial o atendiendo labores propias del juzgado, pero no cuentan con prestaciones de seguridad social y sus ingresos son bajos; en diciembre reciben una compensación a manera de aguinaldo.

Insisten que existe una desproporción entre los sueldos de altos funcionarios y quienes llevan la carga del nuevo sistema.

Consultado sobre el tema, el abogado Mario Alberto Clemente Martínez recordó que el día que las salas de juicio oral fueron inauguradas en Tepic, personalmente le comentó al gobernador, en presencia del coordinador del órgano implementador del nuevo sistema de justicia, el magistrado Miguel Ahumada Valenzuela, la importancia de que fueran mejorados los sueldos de los ahí asignados, en especial los defensores públicos, homologándolos al ingreso de los agentes ministeriales.

Ahora ratifica que ello debe darse en beneficio de los funcionarios asignados al nuevo sistema.

Recuerdo que le dije al gobernador que le pediría un favor, pero no para mi, sino como un miembro del foro de abogados y porque conozco la problemática, y en especial me referí a los defensores públicos. Muy pocos abogados particulares han entrado al nuevo sistema, la mayoría no se preocupó en capacitarse.

Recuerdo que el gobernador dijo en la inauguración que los defensores públicos son los mejores capacitados. Y si, pero también los peor pagados; hay algunos que ganan dos mil 500 pesos quincenales. Así no se sostiene ningún sistema de justicia.

Clemente Martínez, quien ha criticado que hay magistrados que no se preocuparon por capacitarse en justicia oral, confirmó la versión de que llegaría una compensación en las próximas semanas para los defensores, precisamente después de la nota de este reportero el dos de mayo.

Y ello ha aumentado la versión, ahora, de que agentes ministeriales reclaman una mejoría salarial por la fuerte carga de trabajo que enfrentan, asistiendo a audiencias prácticamente todos los días e integrando nuevas carpetas, con frecuencia a altas horas de la noche o en fin de semana, obligados por los tiempos en materia penal.

Si bien antes de la detención del fiscal Édgar Veytia era imposible siquiera imaginar que un agente del Ministerio Público pudiera dejar el cargo para ponerse a litigar, ahora crece la versión en ese sentido: ellos que son los más capacitados en el nuevo sistema podrían fácilmente hacerse de clientela, aunque jugarían un papel en contra de la Fiscalía.

Mario Alberto Clemente insiste que hay un miedo en la toma de decisiones, desde los jueces que parece que obligadamente deben dictar autos de vinculación a proceso, o agentes ministeriales a quienes urge terminar los asuntos a través de procedimientos abreviados.

Y ratifica y entiende la queja de todos: el nuevo sistema puede caerse si no hay más recursos económicos.