Presentan recurso de revisión contra fallo de Fiscalía a favor del Toro

29 / Agosto / 2017

Por Oscar Verdín Camacho

El Ayuntamiento de Tepic presentó un recurso de revisión en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE), que recientemente determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del ex presidente municipal de Tepic Héctor González Curiel El Toro, y la ex tesorera Marcia Ivette Bernal Mendoza.

Como es del dominio público, González y Bernal enfrentan una denuncia por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y ejercicio de funciones, por el desvío de 50 millones 96 mil 94.07 pesos que no fueron entregados a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) por concepto del impuesto especial del 12 por ciento.

El recurso de revisión de la síndico municipal María Florentina Ocegueda Silva fue interpuesto la semana pasada ante la agencia ministerial que decretó el no ejercicio de la acción, pero deberá resolverlo un juez penal en los siguientes 15 días a partir de que reciba el expediente.

Según se explicó, el respectivo juez podría pronunciarse en contra del fallo ministerial, lo que obligaría a continuar la investigación:

pareciere una consigna por parte de la autoridad ministerial con una actitud contumaz, el tratar de solapar las conductas típicas de los indiciados, toda vez que de las constancias que integran la averiguación previa, se desprende claramente que los sujetos activos participaron en los hechos delictivos, llegando al absurdo de incluso confesar expresa y claramente, que a pesar de haberse recaudado diversos fondos asignados a múltiples instituciones y a sabiendas que los mismos tenían una finalidad en específico, se decidió utilizarlos para el pago de ‘servicios personales’.

Más adelante, insistió:

es evidente que –la Fiscalía- no apreció los medios de convicción a consciencia y no resolvió, de conformidad con el cúmulo existente, toda vez que de su debida adminiculación se desprende evidentemente que los C. Héctor González Curiel y Marcia Ivette Bernal Mendoza, participaron como sujetos activos, con una conducta dolosa en la autoría de los ilícitos denominados como ejercicio indebido de funciones y peculado.

El recurso de revisión precisa que además de las pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Tepic, se encuentran informes de la dirección de Responsabilidades del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que remitió los resultados de auditorías practicadas a los ejercicios 2011 al 2014 –correspondientes a la época de Héctor y Marcia-, de lo que se concluyó que sí existían observaciones por el incumplimiento de obligaciones por la falta de entero del impuesto destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit

Refiriéndose al juzgado que estudiará lo actuado en la averiguación previa TEP/III/AP/ 279/2016, le explica la síndico:

Es por lo anterior, C. juez, que causa agravio, el hecho de que la autoridad ministerial, a pesar de contar con todos los elementos de prueba descritos y demás medios de convicción, los cuales integran la averiguación previa de mérito, determinaron de manera inverosímil, el no ejercicio de la acción penal, toda vez que incluso, no siendo suficientes todas las documentales aportadas por la suscrita denunciante, existe confesión expresa por parte de los indiciados, donde revelan sin ningún recato, que decidieron utilizar los recursos recaudados para otros fines, pasándose por alto todas las normas y legislaciones aplicables que rigen su actuar ()

Finalmente, María Florentina Ocegueda remarcó que el Ministerio Público no realizó una adecuada y correcta valoración probatoria (), la autoridad ministerial debió asumir una función primordial, pues de una debida apreciación del material y una correcta valoración de las mismas, se debió obtener de él, una resolución donde se determinara el ejercicio de la acción penal en contra de los indiciados los C. Héctor González Curiel y Marcia Ivette Bernal Mendoza

El reciente ocho de agosto, este reportero documentó la resolución de no ejercicio de la acción penal decretada por la Fiscalía General, lo que se ha interpretado como un intento del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda por proteger al Toro y a Marcia Ivette de caer a la cárcel.