Válidas denuncias de Comisión de la Verdad; falta equilibrar la información: Juez Rodrigo Benítez

29 / Agosto / 2017

Primera de 2 partes

Por Oscar Verdín Camacho

Cuando el miércoles 23 se escuchó en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado el testimonio de diversas personas agraviadas: despojadas de bienes, torturadas, humilladas, fue como un latigazo para todos lados: parecía que cualquier nombre podía salir implicado, pero también parecía que se ocupaba un escenario así, grande, para dar cabida a quienes sufrieron graves atropellos a manos de funcionarios públicos.

Rodrigo Benítez Pérez, coordinador de jueces en el nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales, habla de ello y comparte esa apertura, aunque advierte la importancia de equilibrar la información, oír a las otras partes:

- ¿Qué riesgo puede haber con lo sucedido el miércoles en el Congreso del Estado, con esta Comisión de la Verdad, con los testimonios de personas agraviadas desde el Estado?

- Primero, por una convicción académica, personal y profesional, estoy a favor de cualquier medio de participación democrática y de cualquier mecanismo institucional que le genere transparencia, sobre todo en lo que es la actuación de las instituciones. Creo que debe haber un complemento institucional para que se investiguen y se esclarezcan todos y cada uno de los hechos. Las instituciones y las leyes tienen previstos esos esquemas. Y en particular lo digo por lo que representa el nuevo sistema de justicia penal, la mecánica de las audiencias y del proceso que está basado precisamente en las audiencias, sería la respuesta para complementar la información. Las audiencias generan información de calidad, con base en qué: en la contradicción de la información y en la publicidad máxima.

- Que aquí no se dio contradicción, obviamente.

- Es un complemento. Insisto: soy una persona convencida de que también el sistema de procuración y de impartición de justicia puede ser un mecanismo de democracia participativa; de hecho, mi investigación en curso en el doctorado es lo que está planteando: la participación incluso en los juicios penales de jueces ciudadanos o jurados populares.

Creo que una vez del conocimiento de los hechos de los que se han dolido las personas, habrá que pedirles a las autoridades los informes correspondientes, las constancias, como se hace en los amparos o en las comisiones de derechos humanos. Y cuando intervienen otros particulares con intereses contrarios, hay que darles la oportunidad de que también den su versión.

- ¿Podría criticarse la forma en que se dieron las versiones?

- La forma, no pudiera yo decir criticar en el sentido de que es un mecanismo nuevo y es un mecanismo que abona. Todo mecanismo de participación democrática y de transparencia hacia las autoridades es bueno. Ahora hay que complementarlo. Siempre va ser un reto cuando se genera transparencia y publicidad, y también lo es en el nuevo sistema penal, siempre el reto va ser producir opiniones informadas, el que no se den juicios a priori, el que no se anticipen y que se generen violaciones al principio de presunción de inocencia.

- Si alguno de estos asuntos que fue mencionado en una sala del Congreso del Estado, si en un futuro llegara a un juicio, ¿podría haberse violado ese principio?

- Yo considero que no, en cuanto a que la información cuando proviene de particulares, ellos tienen el derecho de hacer sus declaraciones y denuncias de manera pública y abierta. Las autoridades somos quienes tenemos un deber de discrecionalidad y de resguardo de la información para proteger precisamente el principio de presunción de inocencia. Y también los medios de información, bajo reglas éticas.

Pero los particulares desde luego que tienen el derecho de hacer las manifestaciones que consideren pertinentes cuando consideren que hubo violaciones a sus derechos.

Los particulares, en sus actos de vida privada, en sus negocios, otras personas tienen que respetarles de manera más amplia su derecho a la privacidad y a esa información que se da de manera pública. Los servidores públicos no. De hecho, todo lo que tiene que ver con los actos que nosotros ejercemos como servidores públicos, no hay una ley ni tampoco un derecho constitucional para que las personas no se manifiesten, incluso con críticas respecto a lo que hacemos.

Decía un secretario de la Corte de Chile, en una capacitación a la que asistí: ‘hay un derecho humano a pensar mal de los actos de las autoridades’.

- Previo a la entrevista me comentabas que pareció que el miércoles estuviéramos en la época de la inquisición.

- Nosotros venimos de un sistema que así era calificado: de inquisitivo. De hecho, la justificación de la reforma penal del 2008 fue pasar de un sistema inquisitivo a un sistema oral acusatorio, en el cual la autoridad –judicial- no tiene ningún deber de investigación, sino que la información y la obligación de presentar información, pruebas, alegatos y demás es de las partes en el caso. Los jueces no investigamos, únicamente conocemos de los asuntos que nos ponen a consideración las partes, en este caso primeramente la Fiscalía, que nos da a conocer hechos que solicita se judicialicen, y la información que nos hacen llegar las defensas. Esto es parte del nuevo sistema penal.

De acuerdo con la explicación de Benítez Pérez, los la actuación de los jueces en el nuevo sistema tiene un escrutinio mayor porque todo está grabado con audio y video.

Independientemente del actuar de los jueces, que podemos ser sujetos de escrutinio, nos podemos equivocar. Lo vemos en las resoluciones de la Suprema Corte, cómo los más altos jueces de este país votan de diferente manera: seis contra cinco, o ocho a tres, y tienen opiniones totalmente diferentes sobre cuestiones trascendentes.

Pero el sistema funciona. Este nuevo sistema está creado para que los hechos se esclarezcan, que las partes opinen, que la sociedad genere un control con la publicidad de las audiencias. De los más de tres mil asuntos que hemos llevado hasta este momento, todos están documentados en videos y todos están sujetos a escrutinio y valoración, y por eso pongo a consideración el análisis jurídico de todos los asuntos que hemos llevado en el nuevo sistema.

- ¿El ex fiscal quiso meter mano en asuntos determinados, cosas como que a fuerzas tenía que librarse una orden de aprehensión, o a fuerza dictarse una vinculación a proceso?

- Históricamente, el gran pendiente de los jueces, ahora si que lo que define el carácter del Poder Judicial y sobre todo de los jueces del fuero común, ha sido una búsqueda de la autonomía y de la independencia. Eso no es de ahorita ni de nuestro país, es el gran pendiente a través de la historia. A veces estas invasiones a la autonomía o a la independencia pueden provenir, por ejemplo, de grupos fácticos, delictivos, grupos de poder, o factores internos cuando los superiores jerárquicos quieren incidir en nuestro trabajo. Pero siempre hemos buscado nuestro camino y las formas y cada juez es responsable de eso, de mantener su autonomía y su independencia en todas las decisiones que tomamos.

Yo insisto: en el nuevo sistema penal se ha fortalecido mucho la autonomía de los jueces. Hablo por mí y por mis compañeros, porque el sistema de audiencia es lo que tiene, la parte fuerte de la impartición de justicia queda en la primera instancia; nos hemos fortalecido mucho con respecto, por ejemplo, a lo que es el trabajo de los magistrados. Creo que crece mucho la función y la figura del juez con la toga, con la audiencia, con la primera instancia que es donde se desahogan las pruebas y se da el juicio en si.

Eso ha fortalecido mucho la autonomía, pero hay que reconocer que esto es una lucha constante, día a día y nunca se dan victorias completas. Hay que pelearla siempre, palmo a palmo.

- Finalmente son audiencias públicas, cualquier persona que tenga suspicacia, puede venir a verlas. Continuará