Por Óscar Verdín Camacho
La empresa de venta de cosméticos Fuller mantiene demandas mercantiles contra varias de sus ex empleadas nayaritas, quienes a su vez interpusieron denuncias penales por delitos como fraude, abuso de confianza y falsificación de documentos.
Las quejosas, que han recurrido a los medios de comunicación, alertan los riesgos que implica trabajar en Fuller y ponen sobre aviso a quienes continúan ahí o bien consideran ingresar.
Ayer, Rocío Amador Soto, Lisseth Azucena Castañeda, Gabriela Cortés Valdivia, María Elena Núñez Rangel, Gloria Leticia Ramírez Jiménez e Hilda Beatriz Carvajal Barrios se presentaron ante distintos medios de información para narrar sus experiencias personales.
Alertaron que Fuller utiliza un método de selección para reclutar, principalmente, a mujeres con muchas necesidades de trabajo, especialmente que tengan hijos, a quienes se exige la firma de un pagaré en blanco, sin fecha, y la renuncia voluntaria, igualmente sin fecha.
Es decir, la empresa puede deshacerse de sus trabajadoras en el momento que quiera, utilizando el citado documento de renuncia, pero además denunciarlas mercantilmente, como le ha sucedido a varias de ellas. Por ejemplo, Lisseth Azucena Castañeda señaló que fue despedida en septiembre del 2007, pero se le inició una demanda por 78 mil pesos con un pagaré que está fechado el cinco de octubre del 2009.
Peor es que Fuller presenta las demandas mercantiles en juzgados del Distrito Federal, a donde las ex empleadas tienen que acudir para enfrentar los juicios.
Indicaron el caso de María del Pilar García Illán, cuya casa ya está embargada a raíz de una demanda similar, debido a un pagaré por 95 mil pesos.
Por ello la insistencia de que las mujeres que continúan trabajando en esa empresa o las que pretenden ingresar, extremen precauciones.
Rocío Amador Soto explicó que se trata de un problema nacional y se pretende que participe la Secretaría del Trabajo, por las graves violaciones que se cometen a la ley laboral.
Fuller, agregaron, no cuenta con oficinas, sino que la relación que tenían era a través de las gerentes Verónica Rivas González y Rosario Ortega Villanueva, la primera de ellas ya despedida, de igual que a ellas: con una renuncia voluntaria. Cuando era necesario, a las gerentes se les podía contactar en algún restaurante. Precisamente contra Rivas y Ortega se presentaron las denuncias penales por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza.
A la alerta de las quejosas se sumó ayer el director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Luis Eduardo Jiménez Agraz, quien señaló que relaciones laborales de este tipo se encuadran en la llamada esclavitud moderna.
De acuerdo con las quejosas, su función era reclutar a las vendedoras de los productos Fuller y entregarles la mercancía; es decir, las mujeres que muestran los catálogos y tienen el contacto directo con las compradoras. Posteriormente, recibían el dinero de las ventas.
Te pintan un mundo maravilloso: viajes a Estados Unidos, carros, casas, dice una de ellas, pero la realidad es que firmamos en blanco nuestra renuncia voluntaria y un pagaré con el que Fuller después nos demanda. Por eso insistimos que las demás mujeres que están trabajando o quieren ingresar a Fuller, extremen precauciones. Y otra cosa importante es que los gobiernos deben investigar esta situación para frenar los abusos.
Citaron que en Nayarit hay decenas de trabajadoras de Fuller, distribuidas en la mayoría de los municipios.