Por Lilia Arellano

El reporte entregado por la Auditoría Superior de la Federación nos señala sin duda alguna el grado de utilización ineficiente y corrupta que existe en el gobierno federal y también en los estatales. Sin embargo, y al no estar dotada de dientes, sólo debe conformarse con hacer señalamientos y recomendaciones que en definitiva ni se toman en cuenta y mucho menos se atienden a fin de remediarlos sino todo lo contrario, llevan a quienes hacen mal uso de los recursos públicos a perfeccionar sus técnicas de saqueo. Según Juan Manuel Portal, en la cuenta pública del 2013, es decir la primera de Enrique Peña Nieto, el renglón gasto social reveló el mayor número de anomalías llegando estas a la suma de 56 mil 500 millones de pesos.

De esta cifra, 5 mil 800 millones corresponden al sector salud, en dependencias como el IMSS el ISSSTE e Inmujeres, 4 mil millones, la Sedesol llega a mil 800 millones. En los Estados el rubro más voluminoso tiene que ver con la educación, con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y es del orden de los 11 mil 400 millones. A decir del Auditor Superior, pueden presentarse entre 100 y 150 denuncias penales o de hechos por todas estas irregularidades. Como podrá suponerse, no se levantará una sola. Si con Felipe Calderón el quebranto alcanzó los 56 mil 400 millones con Peña Nieto subió otros 200 millones de pesos más y las penalizaciones no se ven por ningún lado.

En Sedesol, hay contratos cuestionados, además de que se hicieron pagos injustificados a los adultos mayores. Como se ha señalado reiteradamente no hay controles sobre estas entregas, como tampoco tienen sustento los contratos ligados con la llamada Cruzada contra el hambre y lo que es todavía peor, en ésta última hay simulación de servicios y adquisiciones y subcontratación de proveedores que carecen de perfil y capacidad técnica, material y humana. No hay comprobación de la entrega de 46 millones a talleres, ferias y casas de día, transferidas supuestamente a las delegaciones federales. Un total de 193 millones se esfumaron de la pensión de adultos mayores y se desviaron para pagar un contrato con la Universidad del Estado de México. Y este no fue el único ya que también se realizaron estos documentos que permitieron el desvío de 857 millones en otros contratos con las máximas casas de estudios del EdoMex y de Morelos, sin que quedaran acreditados los trabajos ni la entrega de bienes y servicios a los municipios. Siete proveedores fueron beneficiados por la chayito y su moderno cochinito.

Cuatro mil millones de pesos fueron los desviados por los gobiernos estatales y que estaban destinados al Seguro Popular. Detectaron los de la ASF, falta de medicamentos, recortes de personal, atención médica insuficiente o deficiente, tiempo de espera excesivo para recibir consulta, cobro de las consultas médicas e incluso la negación del servicio. Lo más escandaloso de este quebranto se presentó en Veracruz, Michoacán, Jalisco, Chiapas e Hidalgo, Coahuila, Nuevo León y Campeche resultaron los campeones en el desabasto de medicinas.

Pero no se ve quien podrá poner freno a estos desvíos, quebrantos, robos, ya que el Senado de la República gasto mil 200 millones, o mejor dicho los derrochó y no presentó un solo comprobante que amparara que se gastaron en los renglones para los que fueron autorizados. Ya se llegó a tal grado de cinismo que ni siquiera se dieron a la tarea de presentar facturas, aunque luego les dijeran que eran apócrifas. Cuando les pidieron cuentas solo proporcionaron un resumen y solo faltó el texto: hágale como quiera, el fuero nos protege y ustedes solo pueden ladrar, no morder. Y los diputados no estuvieron mejor ya que gastaron en viajes, celulares, estéticas y peluquerías, obsequios y en propaganda, mucha propaganda. No sólo se gastaron lo aprobado sino 500 millones de pesos más y sin comprobar debidamente.

Año con año los legisladores se aumentan hasta en un 27 por ciento sus presupuestos y todavía reciben asignaciones extraordinarias. La ASF recomienda que se racionalicen los recursos que son transferidos a los grupos parlamentarios por concepto de retribuciones especiales y pagos únicos que son los que se llevan las mayores tajadas del dinero no comprobado. Sólo para apoyo a los gastos de transporte de los diputados se ejercieron 219 millones de pesos.

Otro de esos colmos que reflejan la forma en la que los funcionarios irresponsables dilapidan el dinero de los mexicanos en tiempos como el presente que registra una gran crisis, se tiene en la SEP en donde con un costo de 839 millones de pesos compraron 240 mil laptops que no funcionan ya que el sistema Linux que tienen algunas de ellas es lento y se bloquea en tanto que hay muchas escuelas que carecen de contactos para cargar las baterías. Esto además de que no se adquirieron los programas que se requieren para el estudio del alumnado por lo que aquellas que llegan a funcionar se usan para bajar música, juegos y videos por Internet. Otorgaron los contratos sin fianza, el costo fue de aproximadamente 212 dólares por laptop.

Por si fuera poco en esta misma dependencia crecieron en un 13.5 por ciento las irregularidades en las nóminas y hubo compras improcedentes de muebles, artículos de línea blanca, realización de tómbolas, compra de playeras, viseras, eventos, servicios musicales, vestuario y estudios de mercado y los clásicos pagos irregulares a personal inexistente en escuelas, estímulos discrecionales y pago a personal comisionado en labores electorales o sindicales. El daño alcanza, en los primeros rubros, 11 mil 366 millones de pesos. Ya en otro renglón, fueron mil 273 millones de pesos que los gobiernos estatales y la SEP entregaron a los comisionados del SNTE, es decir, a los líderes seccionales de 26 Entidades y a los del Comité que encabeza Juan Díaz de la Torre. ¿Dónde quedó esa pretendida limpia y reforma en la SEP? Ya se sabía que Emilio Chuayfett sería peor.

Aparece también en el reporte la famosa Línea 12 del Metro y todas las informaciones que sobre fallas y presencia de desgaste prematuro de rieles les hicieron los auditores. Estas alarmas se le han enviado a los del gobierno del DF a través de diversos medios y lo cierto es que si no se ha presentado una tragedia que ponga en jaque a los responsables de ese sistema y al jefe de gobierno, es por pura buena suerte, de ellos y de quienes utilizan este medio de transporte. Los de ICA, Carso y Alstom, ya tiene sus amparos y con ello lo que digan los de la ASF, les vale.

Si con estos reportes considera Enrique Peña Nieto que puede recuperar la confianza de la ciudadanía es que 110 millones de mexicanos necesitamos unos lentes especiales para ver el país tal y como él lo está viendo, sobre todo a futuro.