Más de 20 organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes regionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alrededor de 14 mil personas, entre ellas niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, fueron deportadas forzadamente a México y otros países de Latinoamérica, desde que Donald Trump cerró la frontera al asumir la presidencia de Estados Unidos.
Sin importar si contaban con algún estatus de protección, incluso bajo la Convención contra la Tortura, o si se encontraban en situación de vulnerabilidad –con alguna discapacidad o enfermedad grave como ezquizofrenia o Alzheimer–, las personas extranjeras fueron expulsadas a terceros países con los que el gobierno estadunidense ha suscrito acuerdos, señalaron.
En audiencia pública realizada este miércoles, las organizaciones de Estados Unidos, México, Haití, Guatemala y El Salvador alertaron que durante la administración de Trump se ha hecho un uso generalizado y creciente de la deportación de personas a terceros países.
Por ello, pidieron a la CIDH que mediante una resolución se ordene a los países rendir cuentas, ya que esto ha generado consecuencias devastadoras, propiciando la separación de familias, detenciones sin el debido proceso e inseguridad jurídica, además de ser víctimas de tortura y desapariciones forzadas.
Estados Unidos ha firmado 30 acuerdos, incluidos 14 con naciones de América Latina y el Caribe, para deportar a migrantes identificados de terceros países –diferentes a su nación de origen a la región, puntualizó Human Rihgts First.
A su vez, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) detalló que, entre el 20 de enero y 31 de diciembre del 2025, del total de deportaciones de personas identificadas como terceros nacionales –diferentes a su nación de origen– 77 por ciento fueron hombres y 23 por ciento mujeres, además de 697 niñas, niños y adolescentes.
Al respecto, la vicepresidenta de la CIDH, comisionada Andrea Pochak, advirtió con muchísima preocupación la violación sistemática al principio de no devolución.
Indicó que se bien se reconoce la soberanía de los Estados para establecer sus políticas migratorias y pueden determinar quién ingresa, transita, sale o permanece en su territorio, ninguno puede torturar ni violar la dignidad de las personas, ningún país puede separar a los niños de sus familias, ningún país puede quitarle la dignidad a las personas, enfatizó.
Asimismo reiteró, como lo hizo en septiembre del 2025, su postura sobre los acuerdos suscritos con otros países, porque contemplan procedimientos forzosos, que se caracterizan por un alto grado de discrecionalidad estatal frente a lo cual las personas afectadas tienen un margen de respuesta mínimo o nulo para la defensa de sus derechos ante alguna instancia judicial.
Michelle Erazo Martínez, oficial de Derechos Humanos en Procedimientos Especiales en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra, señaló que han documentado que las prácticas de control en Estados Unidos se han externalizado en la región sin aceptar responsabilidad, y se está evitando cualquier proceso de asilo.
Apuntó que hay opacidad en estas prácticas, además de que no existe la capacidad legal y ningún marco político para estas acciones, solamente se deportan a pesar de los acuerdos que se han dado de una forma sistemática, se envían a centros de detención y se violan sus derechos económicos.
En la audiencia pública, que se realizó de manera virtual en el marco del 195.º periodo de sesiones celebrado en Guatemala, las organizaciones Hope Border Institute, Haitian Bridge Alliance, Immigrant Defenders Law Center, entre otras, apremiaron a la CIDH a avanzar con un documento operativo, técnico y dinámico que especifique los deberes de los países que han suscrito estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas.
También plantearon que emita una resolución temática sobre el traslado de migrantes a terceros países para orientar y aclarar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, en particular para asegurar el cumplimiento del principio de no devolución.